#PorunaLeyJusta llega al Ministerio de Justicia

Anna González, la impulsora de la campaña #porunaleyjusta, con la que ha recogido más de 180.000 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org, ha logrado reunirse con el Ministerio de Justicia para pedir «la reforma de los artículos del Código Penal que regulan el homicidio por imprudencia y la omisión del deber de socorro», después de quedarse impune el atropello mortal de su marido cuando iba en bicicleta en octubre de 2013.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a «estudiar si cuando se produce un incumplimiento grave de las normas de circulación, como ha ocurrido en este caso, cabría perfeccionar su calificación dentro de las imprudencias tipificadas como graves», además de revisar «si el concepto de omisión del deber de socorro, tal como está tipificado actualmente, es insuficiente para la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, habida cuenta del especial riesgo que la conducción implica, y en su caso, introducir una obligación de asistencia adicional, especialmente en el supuesto del fallecimiento de la persona accidentada».

Anna González se ha mostrado inconformista tras su reunión: «Me felicitáis por mi causa. Mi agradecimiento será completo cuando vuestra voluntad y compromiso se tangibilicen en hechos», escribió en las redes sociales.

De esta forma, cree el Ministerio, «podría evitarse la circunstancia, como ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de que cuando se produce el fallecimiento instantáneo de la víctima, como en el caso de Óscar Bautista, no puede haber delito de omisión del deber de socorro al tratarse de un delito imposible por no haber una persona viva en situación de desamparo».

Catalá también se ha comprometido a trabajar en estas iniciativas en las próximas semanas y a estudiar su inclusión en una posible reforma del Código Penal en esta legislatura, puesto que «lo que antes estaba calificado como imprudencia leve y tipificado como falta en el ámbito penal tenía una sanción inferior a la que hoy tiene en el ámbito administrativo y de la responsabilidad civil, como consecuencia de la reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015», reza el comunicado del Ministerio de Justicia.

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